El Problema de las Drogas en Venezuela
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El
Departamento de Estado de los Estados Unidos, dentro del programa de la
Estrategia Internacional sobre Control de Drogas, publica periódicamente
informes sobre la situación de determinados países en cuanto a la producción,
el tráfico y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Recientemente se ha hecho público, a través de Internet, un informe sobre la
situación de Venezuela en esta materia tan delicada. Por la importancia que
tiene ese informe, sobre todo si se toman en cuentan las consecuencias tan
negativas que puede tener para cualquier país el hecho de que, eventualmente,
no cuente con la "certificación" del gobierno norteamericano, vamos
a citar y comentar algunos aspectos del referido informe.
El
informe de la Estrategia Internacional sobre Control de Drogas abre
expresando lo siguiente:
"Venezuela es un país de los más importantes para el
tránsito de cocaína, marijuana y heroína con destino a los Estados Unidos y
Europa, y para los productos químicos desviados hacia Colombia. Se ha
convertido en un país fuente para drogas ilícitas, con cultivos de amapola de
opio en la frontera con Colombia. Venezuela es igualmente un centro
importante de lavado de dinero. Se enfrenta a una amenaza creciente de
consumo de drogas."
Quienes
han venido ocupándose de estudiar el problema de las drogas en Venezuela,
enfrentados casi siempre a la carencia de una generalizada toma de conciencia
nacional sobre la gravedad de la situación, desde hace muchos años tenían el
muy claro convencimiento de que Venezuela era un "país puente", es
decir un país a través del cual la droga, proveniente de otros países de
América del Sur, transitaba, con rumbo hacia Estados Unidos y Europa
fundamentalmente. También sabían estas personas preocupadas que nuestro país
tenía un serio problema de consumo de drogas. La estadística directa relativa
a este consumo no provenía de encuestas especializadas sino principalmente de
datos extraídos de prontuarios policiales y judiciales que indicaban que un
porcentaje sumamente elevado de los delitos cometidos en Venezuela estaba
asociado a la droga, ya fuere por consumo o por comercialización. También
existía la noción de que Venezuela, por su importante estructura
institucional financiera era un centro de blanqueo de dinero proveniente,
directa o indirectamente del comercio ilícito de drogas. No estaba tan
generalizada, sin embargo, la idea de que ya Venezuela se estaba convirtiendo
en un país productor.
El
gobierno de los Estados Unidos, en el documento que citamos, informa que, "en 1995, el Gobierno de Venezuela (GOA)
elaboró e implementó la primera estrategia nacional de drogas del país, que
designa a la Comisión Nacional de Drogas (CONACUID) como al cuerpo
coordinador central en asuntos de drogas". En nuestra opinión, esta
afirmación no se corresponde totalmente con la verdad. Venezuela carece de
una estrategia nacional de drogas. La designación de la CONACUID como
organismo coordinador central en asuntos de drogas, no implica la adopción de
una estrategia. Nada hay de nuevo en esta asignación de funciones que ya
estuvo prevista cuando se creó la Comisión contra el Uso Ilícito de Drogas,
en la década de los 60, luego convertida en Comisión nacional contra el Uso
Ilícito de Drogas (CONACUID). La finalidad que se tuvo presente al crear el
organismo era, y sigue siendo, que actuara como coordinador central. Esa
finalidad no ha podido cumplirse por una serie de razones y, entre ellas,
podemos citar las siguientes: al organismo nunca se le ha dotado de recursos
suficientes para cumplir con sus cometidos, la Comisión no siempre ha estado
presidida por los profesionales más capaces, ni ha contado con la debida
asistencia profesional y, lo que es más importante, la modestia de sus logros
se debe, precisamente a la carencia de una estrategia nacional en materia de
drogas.
En la edición de Venezuela Analítica correspondiente al pasado mes de
septiembre habíamos informado acerca de una propuesta que se le presentó en
1989 al entonces Presidente Electo, acerca de una política nacional en
materia de drogas. El fundamental objetivo de esa propuesta era lograr que se
definiera una estrategia nacional. Desgraciadamente, a esa propuesta no se le
dio seguimiento. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno provisional
de Ramón J. Velásquez y el de Rafael Caldera, han hecho muy poco por lograr
que exista una toma de conciencia de todos los venezolanos sobre la amenaza
que representa el problema de las drogas para el futuro de nuestro país y el
de su democracia. Sin una toma de conciencia de la magnitud del peligro, sin
que haya lo que los anglo-parlantes llaman "awareness", es difícil
que pueda implementarse una estrategia, por bien concebida que esté. En
síntesis, la toma de conciencia es uno de los principales pilares de
sustentación de una estrategia. Para dar una idea concreta de lo que
significa esa toma de conciencia, podemos llevarla al extremo individual, al
de la familia. Vemos allí que los miembros de la familia —los padres
fundamentalmente— no se interesan por el problema de las drogas porque a
ellos nunca les va a tocar. Por desgracia, hace falta que ocurra algo muy
grave con algún miembro de la familia para que el mal de las drogas los
impacte con toda su fuerza destructora.
Al analizar el informe del gobierno norteamericano, apreciamos que en
parte es favorable a Venezuela porque el gobierno venezolano sigue algunas de
las líneas de ataque de Washington en el esfuerzo por erradicar el problema,
o al menos limitarlo a niveles tolerables —si es que puede hablarse de
tolerancia en esta materia. El informe dice, por ejemplo: "Como parte de
su mandato, la CONACUID está trabajando para implementar las normas de la
Convención de la ONU de 1988 referidas a lavado de dinero y control de
productos químicos precursores". En varias partes del informe se subraya
que "En 1995, el [Gobierno venezolano], con asistencia del [Gobierno de
los Estados Unidos], identificó y destruyó 1,600 hectáreas de amapola de
opio, 30 has, de coca y 20 has. de marijuana en la región de frontera con
Colombia de la Sierra de Perijá." A este último respecto se añade que
"El gobierno ha autorizado el uso aéreo del herbicida glifosfato contra
los cultivos ilícitos de drogas".
El excesivo consumo de drogas por parte de quienes viven en los
Estados Unidos implica un enorme costo social y económico para el gran país
del Norte. De allí que el esfuerzo por atacar un problema de Estado tan serio
tenga un asidero muy fuerte en consideraciones de seguridad nacional. Dentro de
ese muy justificado esfuerzo, hasta ahora ha tenido mayor peso todo lo
relativo a la eliminación de la oferta, siendo que mayor importancia tiene la
eliminación de la demanda. Cuando se tienen ideas claras y se implementan
planes bien concebidos que utilicen todos los recursos de las avanzadas
técnicas de información, pueden lograrse resultados positivos en plazos más
breves; prueba de ello la tenemos en la extraordinaria campaña nacional de
los Estados Unidos contra el la droga ilícita que es el tabaco: su consumo ha
disminuido notablemente. Sin que se justifique abandonar los esfuerzos en
contra de la oferta de drogas ilícitas —y tal vez podrían lograrse resultados
más positivos con una política tendiente a auspiciar la sustitución de
cultivos en los países productores— hay que revertir la proporción de lo
mucho que se gasta en represión y lo poco que se gasta en prevención. Es
necesario que los Estados Unidos le den mayor importancia a la asistencia a
los países con problemas de producción, tráfico y consumo de drogas en el
campo de frenar la demanda a través de la prevención, partiendo desde la
prevención primaria.
Dentro de la necesidad de un mayor esfuerzo en el área de la
prevención, es positivo constatar lo que el informe comentado dice acerca de
planes recientes de Washington:
En agosto de 1995, los Estados Unidos y Venezuela firmaron una carta
convenio para suministrar fondos para proyectos de prevención conducidos por
la CONACUID. Estos proyectos incluyen la primera encuesta epidemiológica
nacional sobre drogas que se haya realizado hasta ahora en el país, programas
de prevención referidos a drogas en las escuelas y en las comunidades, y un
centro de entrenamiento.
Se
trata de un primer intento, modesto tal vez pero va por el buen camino. Hay
que insistir más en la necesidad de propiciar una toma de conciencia general
sobre el problema. En este sentido, los Estados Unidos están llamados a
auspiciar los esfuerzo de la OEA, a través de la CICAD para que nuestros
pueblos se den cuenta de que el problema de la producción, el tráfico y el
consumo de drogas es un problema de Estado que hay que atacar en forma
inteligente y eficaz, sin despilfarro de recursos.
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sábado, 26 de enero de 2013
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